La Constitución española en su Artículo 103.3 establece, en relación con la Administración Pública, entre otros supuestos, que "La ley regulará ... el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad..."
Como profesor y educador me encargo de insistir ante mis alumnos en la necesidad de que estudien mucho para prepararse bien y poder servir a la sociedad en un futuro no lejano en un trabajo o función benéfico y justo.
Pero mi empeño en seguir creyendo en esos principios de igualdad, mérito y capacidad, choca con la realidad obscena: máximos representantes de la Administración, teóricos defensores de la Constitución, contratan con impúdica desvergüenza a familiares para desempeñar puestos en esa Administración.
Lo único que me resta es denunciar esta desvergüenza ante mis alumnos y animarles a que sigan creyendo que, a pesar de los corruptos, aún queda margen para la esperanza de que algún día se valorará su esfuerzo y su capacidad.
Espero no equivocarme.
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